En la presente situación calamitosa, la mayoría de los cubanos, dentro y fuera de la isla, piden una solución rápida para Cuba. Es difícil creer que tal nivel de deterioro y desesperación se pueda mantener por mucho tiempo más. Y muchos han puesto sus esperanzas, específicamente, en las acciones de dos personas: el presidente Donald Trump y su secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio. Se ha hablado mucho de la posibilidad de una acción militar que deponga la dictadura, o de un golpe quirúrgico que la descabece, como sucedió el 3 de enero en Caracas. Pero a medida que pasa el tiempo hay más señales explícitas de que esto no va a pasar, y de que Estados Unidos ha optado por una vieja receta: la política de recrudecimiento de sanciones económicas, una apuesta según la cual ahogar al régimen llevará a que realice cambios, o bien que el empeoramiento extremo de las condiciones de vida dentro de la isla provocará a una explosión popular. Lo cierto es que ello no ha conducido a una solución en el pasado, y no hay argumentos convincentes de que vaya a funcionar ahora, dadas la capacidad de aguante del régimen cubano y su desinterés en las consecuencias para sus ciudadanos.
Pero un análisis frío de las circunstancias muestra por qué, desde la perspectiva de Washington, es preferible la inercia, la repetición de esta historia, aun cuando implique un alto costo humano para los cubanos de a pie.
Trump ha endurecido notablemente tanto la política como la retórica hacia Cuba, y esto ha avivado esperanzas. En enero declaró una «emergencia nacional» respecto al gobierno cubano y estableció mecanismos para penalizar con aranceles a países que suministraran petróleo al país caribeño. En febrero y marzo fue mucho más lejos: habló de una posible «friendly takeover» de Cuba; dijo que esperaba tener el «honor» de «tomar Cuba de alguna forma» yafirmó que podía hacer «lo que quisiera» respecto a la isla. En marzo, declaró explícitamente que, tras las operaciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán, «Cuba is next», introduciendo una amenaza militar implícita, aunque sin anunciar una operación concreta. Al mismo tiempo, Trump ha sostenido que un acuerdo con la dictadura podría alcanzarse fácilmente. En mayo, su gobierno añadió nuevas sanciones contra funcionarios cubanos, y se refirió a «una nueva era de libertad para Cuba». Sin embargo, los pronunciamientos recientes de Rubio —quien recalcó que él «no trabaja para Cuba sino para Estados Unidos», pidió «paciencia», y puso una fecha tan lejana como 2029 a un objetivo tan ambiguo como «estar en camino a un futuro diferente»— han caído como un balde de agua fría en sectores de la comunidad cubanoamericana esperanzados en que Rubio guiara la mano de Trump hacia una intervención militar.
Es fácil especular —y no sería enteramente descabellado— que la mera presencia de un portaaviones frente a La Habana o la destrucción de bases militares mediante misiles de largo alcance, contra los que Cuba no tiene defensas viables, bastaría para que el régimen se rinda. Nuestra comunidad pone el énfasis, naturalmente, en una solución militar rápida, acompañada de la catarsis que supondría ver a los personajes de la dictadura pagar por sus crímenes.
Sin embargo, desde el punto de vista de la política interna norteamericana, el obstáculo es lo que vendría el día después. Una intervención directa en Cuba es una mala apuesta, con más problemas futuros que ganancias inmediatas. Cuba no tiene la capacidad de autosostenerse con recursos propios, como sí la tiene Venezuela, ni tiene una cúpula política fraccionada, con un probable sucesor dócil y efectivo. Visto fríamente, sin la carga emocional de ser parte de esa comunidad de exiliados, no hay un escenario en que económicamente para Washington valga la pena intervenir en vez de esperar a que el desgaste, por lento y cruento que sea, fuerce un cambio político en Cuba. En el argot popular norteamericano se dice «you break it, you buy it» («si lo rompes lo pagas»), y el precio de una intervención militar directa implicaría que Estados Unidos asuma el gigantesco costo de estabilizar la isla económica y socialmente, es decir, generar electricidad con una infraestructura siempre al borde del colapso, proveer para necesidades esenciales a la mayoría de la población y prevenir estallidos sociales o, lo que sería aún peor, una guerra civil. Históricamente ninguno de estos procesos de ocupación ha sido rápido, y para un mandatario de estilo mercantilista y transaccional como Trump la ecuación es clara.
Un precedente obvio (salvando la escala del país) es la intervención en Irak, donde después de la operación Iraqui Freedom vino un período de ocupación militar de nueve años, con fuerzas norteamericanas dentro del país que llegaron a sumar 170 mil efectivos además de decenas de miles de contratistas civiles (pagados por Estados Unidos) distribuidos en una extensa red de bases militares que hubo que construir y abastecer. Mantener la ocupación significaba transportar continuamente combustible, alimentos, agua, municiones, repuestos, vehículos y equipos, proteger las rutas de suministros, operar aeropuertos y centros logísticos, mantener miles de vehículos y aeronaves, y sostener simultáneamente operaciones de combate, inteligencia, reconstrucción y entrenamiento de las fuerzas iraquíes. El gasto directo asignado a Irak por los presupuestos federales superó los 800 mil millones de dólares hacia el final de la ocupación, pero el costo real fue mucho mayor cuando se añade la atención médica y las compensaciones a veteranos, los intereses de la deuda incurrida para financiar la ocupación y el coste de la ayuda a la población civil iraquí. La Universidad de Brown, en su proyecto «Cost of War», estimó el costo de largo plazo de la guerra y la ocupación de Irak en torno a dos millones de millones de dólares, pero incluidos los intereses, dado que la ocupación se financió mediante deuda pública, la cifra podría acercarse a los cuatro millones de millones de dólares para el año 2053. Para poner la enormidad de ese dato en perspectiva, la ocupación de Irak le costó a Estados Unidos más que el Producto Interno Bruto (PIB) de cualquier país del mundo menos los seis más ricos. Aun si —dada la cercanía, y que Cuba tiene la mitad de la población de Irak— la ocupación y la estabilización de la isla costara solo el 25 por ciento de lo que costó Irak, y puesto que el PBI de Cuba se estima en 107 mil millones de dólares, ello significaría que Estados Unidos estaría comprando la isla al doble o triple de su valor.
Otro precedente se puede encontrar al este de Cuba. En 1994, Estados Unidos intervino militarmente en Haití mediante la operación Uphold Democracy, desplegando unos 20 mil soldados para restaurar en el poder al presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado por un golpe militar en 1991. A año siguiente, el control pasó a Naciones Unidas, pero tropas norteamericanas permanecieron en el país hasta el 2000. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) calculó que el costo directo de la intervención en Haití entre 1992 y 1995 superó los mil 600 millones de dólares. Pero ese gasto no condujo a estabilidad política ni económica 30 años después: Haití es un Estado fallido que ha atravesado nuevas intervenciones internacionales, crisis políticas, golpes de Estado y que, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, ni siquiera tiene un mandatario o un Parlamento, mientras que la autoridad real permanece en manos de bandas armadas.
Este análisis económico tiene que incluir además el contexto actual: la administración de Trump está abrumada externamente por la guerra en Irán y su incapacidad para alcanzar las soluciones prometidas en Ucrania y Gaza; en lo interno, está el rechazo de su base política a una guerra tan impopular como costosa que ya suma más de 37 mil millones dólares, según el propio secretario Pete Hegseth. Una encuesta reciente de AP reveló que cerca de dos tercios de los norteamericanos consideran que la guerra no ha valido la pena y que apenas un 28 por ciento aprueba la gestión de Trump sobre el conflicto. Reuters/Ipsos, en una encuesta realizada a finales de julio, encontró resultados similares: solo uno de cada tres estadounidenses apoya la guerra y, además, el respaldo a Trump ha caído al nivel más bajo en sus dos presidencias, lo que refleja no solo el costo directo —humano y financiero— del conflicto, sino también el aumento del precio de la gasolina y las importaciones, así como la percepción de que Trump rompió sus promesas electorales al comenzar una guerra prolongada. Los esfuerzos de Trump por presentarse como mediador de grandes acuerdos de paz tampoco han dado frutos: en Ucrania, después de múltiples rondas de negociaciones impulsadas por Washington, no se ha conseguido un cese de hostilidades duradero, y en Gaza, aun tras el alto el fuego de 2025, continúan las escaramuzas mientras que las negociaciones permanecen estancadas.
Añádase a esto el hecho de que el cambio en Cuba, más allá del énfasis dentro de la comunidad cubanoamericana, realmente no importa mucho en la política interna estadounidense. Paradójicamente, el tránsito de la Florida de un estado veleta a uno marcadamente republicano ha limitado la influencia de los cubanoamericanos, pues la votación se da allí por ganada. La importancia a nivel nacional de Cuba ha sido exagerada por motivos electorales en el sur de la Florida, pero fuera de ese contexto la isla nunca ha sido un tema que determine el voto ni domine la conversación política (con la excepción de la extremadamente cerrada contienda del 2000), Para la gran mayoría del electorado estadounidense y, por ende, para sus representantes, pesan mucho más la economía, la inmigración, la salud, la inmigración y. si de política externa se trata, China, Rusia u Oriente Medio. Una intervención militar en Cuba sería aún más impopular que en Irán, y traería un precio político que pocos senadores o congresistas querrían pagar.
Las consecuencias de intervenir en Cuba no se expresan en los pronunciamientos públicos de Trump o Rubio, pero ambos están conscientes del costo político de una decisión mal tomada. Para el primero, con sus peores índices de apoyo popular (incluidos estados clave) de cara a los comicios de noviembre, la toma de una o ambas cámaras del Congreso por parte de los demócratas conllevaría muy probablemente uno o más procesos de impeachment. Para el segundo, que no ha abandonado sus aspiraciones presidenciales y se ha colocado, junto a JD Vance, como uno de los dos herederos de Trump, el dilema está en una victoria rápida como en Venezuela (de ahí su énfasis en encontrar un interlocutor dispuesto entre la cúpula cubana) o un escenario como Irak o Haití: ganar de inmediato la operación militar y después quedar atrapado durante años intentando estabilizar el país en medio de un caos económico y una posible crisis migratoria. No es de extrañar que en sus pronunciamientos públicos Rubio hable de paciencia y fije como fecha el 2029, luego de la próxima campaña presidencial. Esto le permitiría caminar sobre la cuerda floja: o sea, presentarse como la esperanza de derrotar el régimen de La Habana sin pagar las consecuencias de un probable fracaso con el que sería inevitablemente identificado justo por su origen.
Mientras tanto, los cubanos seguirán esperando un cambio definitivo en medio de las condiciones más difíciles desde 1959.
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Author: Alejandro Barreras
