El Gobierno cubano autorizó la gestión privada de farmacias en el país mediante el Decreto 160/2026. La medida busca regular una actividad que, en la práctica, los cubanos llevan años ejerciendo por su cuenta ante la escasez de medicamentos e insumos médicos. Desde hace tiempo, muchos recurren a vendedores particulares, redes informales de distribución o compras en el extranjero para conseguir productos que no encuentran en las farmacias estatales.
La nueva normativa pretende establecer un marco legal para una actividad que hasta ahora ha estado definida por la informalidad y la reventa. Sin embargo, la apertura de este mercado no resuelve necesariamente el problema de fondo: el acceso a los medicamentos. Aunque la medida contribuya a mejorar su disponibilidad, queda por ver a qué precios llegarán los productos y qué parte de la población podrá pagarlos. Para los sectores con menos recursos, la legalización podría no traducirse en un acceso efectivo a los tratamientos que necesitan, como el Gobierno presume.
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La oficialización de la gestión privada de farmacias en Cuba supone una ruptura con décadas de control estatal centralizado sobre la comercialización de medicamentos. Esta medida forma parte del paquete de 176 reformas económicas aprobado en junio del 2026. Con las mismas el Gobierno pretende liberar y descentralizar una economía golpeada por una crisis prolongada. Estos cambios reflejan las contradicciones de un modelo que, mientras reivindica la planificación estatal como principio económico, recurre cada vez más a mecanismos de mercado para sostener su funcionamiento. Las presiones de Estados Unidos forman parte de este escenario, aunque el Gobierno cubano presenta las reformas como una respuesta a las dificultades económicas internas y externas.
El Decreto 160/2026 establece el marco normativo para esta apertura. El numeral 64 de su Anexo Único autoriza la participación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas, firmas particulares y cooperativas no agropecuarias en determinadas actividades del ámbito sanitario. La disposición permite que estas formas de gestión administren farmacias comunitarias, presten servicios farmacéuticos y comercialicen medicamentos y otros productos de salud. Los trabajadores por cuenta propia individuales, sin embargo, quedan excluidos de esta posibilidad.
La apertura no se limita a las farmacias. Dentro del mismo marco normativo se contempla la prestación de servicios ópticos y de rehabilitación, así como la gestión de establecimientos de atención a personas, incluidas residencias privadas para ancianos. No obstante, la autorización para participar en determinadas actividades sanitarias no supone una privatización general de los servicios médicos. La atención médica y odontológica, así como las labores técnicas y profesionales correspondientes, continúan bajo la responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, que mantiene su carácter gratuito. Aunque es sabido que existen clínicas estomatológicas privadas a lo largo del país desde hace ya algún tiempo y asimismo pequeñas consultas caseras; sin embargo, el grosor laboral de pago y atención de este sector sucede en los mismos centros sanitarios.
La normativa también establece límites para la producción de medicamentos. El numeral 12 del Anexo Único permite desarrollar determinadas actividades de fabricación farmacéutica bajo condiciones especiales, con la aprobación expresa del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y de la autoridad reguladora correspondiente, además de una alianza obligatoria con la industria biofarmacéutica estatal. Esto no supone una autorización para que las empresas privadas fabriquen medicamentos de manera independiente: la producción continúa sujeta a controles y restricciones específicas.
En cuanto a la comercialización, las farmacias privadas autorizadas tampoco podrán abastecerse libremente en el mercado internacional. Las importaciones deberán canalizarse a través de las comercializadoras estatales autorizadas, entre ellas Medicuba y Farmacuba. Los establecimientos tendrán que cumplir requisitos de almacenamiento, contar con un profesional farmacéutico responsable de la actividad técnica y garantizar que los productos comercializados estén registrados ante la autoridad reguladora cubana.
Para facilitar la incorporación de nuevos productos al mercado, se contempla un registro sanitario temporal de dos años, durante el cual se evaluará el comportamiento del medicamento antes de decidir si procede concederle el registro definitivo. La normativa establece, además, restricciones para determinados productos, incluidos los medicamentos de uso hospitalario y las sustancias cuya comercialización está prohibida o sometida a controles específicos.
Para algunos, el mercado informal de medicamentos no es una oportunidad de negocio, sino la única manera de mantener una atención médica que el sistema estatal no siempre consigue garantizar. Un médico que trabajó durante años en el hospital Iván Portuondo, en San Antonio de los Baños, conoce bien esa realidad. Prefiere no revelar su nombre por razones obvias. Durante su ejercicio profesional, cuando un paciente necesitaba un medicamento que no encontraba en las farmacias estatales, él mismo le explicaba cómo debía tomarlo y le indicaba las direcciones de los lugares donde podía conseguirlo por vías informales, nos comenta.
Ahora ofrece consultas en su propia casa y atiende a algunos pacientes con un equipo de aerosolterapia. Le preocupa que la legalización de las farmacias privadas termine limitando esa práctica. Teme que determinados medicamentos y equipos, clasificados como de uso hospitalario, queden fuera de su alcance o que las nuevas regulaciones le impidan continuar ofreciendo algunos de esos servicios. Para él, la formalización no representa necesariamente una mejora: también podría cerrar alternativas que, en las condiciones actuales, permiten atender necesidades concretas, indica.
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció las dificultades que afronta la población para acceder a los medicamentos y atribuyó parte de los problemas del sector biofarmacéutico al embargo estadounidense y a las presiones de la Administración de Donald Trump. El déficit de medicamentos, no obstante, precede a la actual reforma y se agravó durante los años de la pandemia de COVID-19, cuando las dificultades económicas y las interrupciones del abastecimiento afectaron a numerosos servicios.
Actualmente el MINSAP brinda solo 603 medicamentos que considera básicos y subsidiables. De estos 603 el ministerio solo puede brindar 208 -una tercera parte-, alegando que los restantes son fabricados en laboratorios nacionales y carecen de los ingredientes necesarios para su realización y que precisan de la importación de dichos ingredientes.
La apertura de farmacias privadas llega, así, en medio de una crisis económica y sanitaria cuyo alcance excede las posibilidades de una sola medida regulatoria. La autorización legal establece las condiciones para que aparezcan nuevos actores en la comercialización de medicamentos, pero todavía queda por comprobar si estos podrán operar de manera efectiva y si su actividad contribuirá a mejorar el acceso de la población a los tratamientos.
A comienzos de septiembre, el MINSAP informó que evaluaba 36 proyectos relacionados con la comercialización de medicamentos y productos sanitarios. Sin embargo, pese a la entrada en vigor de la normativa, ninguna farmacia privada había comenzado a prestar servicios oficialmente según la información publicada en ese momento. La demora plantea interrogantes sobre las condiciones necesarias para poner en marcha los negocios, aunque no permite determinar por sí sola cuáles son los obstáculos principales.
La dependencia de intermediarios estatales para importar medicamentos, los requisitos administrativos y las dificultades para operar en una economía marcada por la escasez de divisas podrían condicionar el funcionamiento de estos establecimientos. También queda por conocer cómo valoran los promotores de los proyectos las condiciones impuestas y si los vendedores que actualmente operan en el mercado informal estarán dispuestos a incorporarse al sistema legal.
Es importante destacar que existen varios proyectos sin fines de lucro en varias zonas del país, fundamentalmente en la capital. Las llamadas farmacias comunitarias operan de forma gratuita gestionando las medicinas que llegan de donación, vinculados con grupos humanitarios de Estados Unidos y también Canadá, apoyados por la iniciativa Caritas de la Iglesia Católica. Algunas operan en la iglesia católica central de los municipios y otras en la casa de algún voluntario. Esto funge como un mínimo respiro a algunos afectados, los cuales llegan con la receta del medicamento y si este está se le despacha… aunque el mismo pudiese no estar entre las medicinas disponibles.
La preocupación para los clientes o posibles vendedores no tiene por qué ser la misma: algunas parten de una relación pragmática con el mercado informal. En Punta Brava, en las afueras de La Habana, Gabriela Sánchez de 42 años, por ejemplo, mantiene una pequeña venta de medicamentos de la que obtiene su sustento. Se especializa en pomadas, aunque también comercializa otros productos. Su negocio funciona a una escala reducida y no tiene interés en establecer vínculos con el Estado ni en asumir las obligaciones que implicaría convertirse en una empresa formal, afirma.
Como otros vendedores de localidades pequeñas, consigue parte de la mercancía a través de intermediarios o mediante envíos desde el extranjero. Desde su perspectiva, legalizar la actividad supondría asumir responsabilidades empresariales y cumplir requisitos normativos que no se corresponden con las dimensiones de su negocio. No considera que esa transformación le resulte conveniente. Su prioridad es mantener una fuente de ingresos que ya funciona, no convertirla en una estructura empresarial más compleja, asevera.
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Las farmacias particulares que operan al margen de la legalidad funcionan mediante mecanismos relativamente sencillos. El comprador acude a una vivienda cuya dirección conoce o que alguien le ha recomendado, pregunta por el medicamento que necesita y, si está disponible, consulta el precio y lo compra. Cuando no lo encuentra, puede preguntar al propio vendedor si conoce otro lugar donde conseguirlo.
Otra vía son los grupos de Facebook y WhatsApp, donde confluyen numerosos vendedores. El comprador puede publicar una solicitud y esperar a que alguien le escriba en privado, o consultar las listas de productos disponibles y contactar directamente con quien los ofrece. Algunas ventas incluyen servicio de entrega a domicilio, por un coste adicional.
Los precios varían según el medicamento, su demanda, la disponibilidad y la urgencia del comprador. En un mercado condicionado por la escasez, la necesidad de quien busca un tratamiento puede convertirse en un factor que influya en el precio. La compraventa también convive con la reventa y la especulación. En estas redes informales, los compradores pueden encontrar productos próximos a su fecha de vencimiento o incluso ya vencidos, lo que plantea riesgos adicionales cuando no existen garantías suficientes sobre su conservación y procedencia.
Este mercado informal no constituye un fenómeno nuevo ni marginal en la vida cotidiana de los cubanos. La escasez en las farmacias estatales ha llevado a muchas personas a recurrir a vendedores particulares y grupos de mensajería para conseguir tratamientos que no encuentran en la red pública. La prensa independiente ha documentado casos de medicamentos vendidos a precios muy superiores a los que podrían asumir muchos trabajadores y jubilados. En octubre de 2026, por ejemplo, Associated Press informó de que algunos medicamentos adquiridos por vías informales podían costar más del 30 % de la pensión mensual de un jubilado. Aquí hablamos del blíster… determinadas afecciones necesitan más de un blíster para su tratamiento íntegro.
La legalización de las farmacias privadas no supone, por tanto, la aparición de un mercado desde cero, sino el intento de establecer un marco regulado para una actividad que ya se desarrolla por vías informales y que la estructura estatal había dejado de lado hasta ahora. Sin embargo, formalizar la comercialización no significa que los precios vayan a bajar ni que el abastecimiento vaya a mejorar automáticamente.
El Estado mantiene el control sobre aspectos fundamentales del nuevo modelo. Las farmacias autorizadas deberán adquirir los medicamentos importados a través de las empresas estatales correspondientes y cumplir las exigencias sanitarias establecidas. Para los vendedores que actualmente operan de manera informal, incorporarse al sistema legal implicaría ajustarse a determinados requisitos y asumir unas condiciones administrativas y comerciales que posiblemente no les otorgue un beneficio directo.
El problema económico, entretanto, permanece. Los vendedores informales trabajan con sus propios recursos y fijan sus precios según los costes, la disponibilidad y las condiciones del mercado. En un sistema donde parte de los medicamentos procede del extranjero, el acceso a divisas puede influir en el coste de adquisición y, en consecuencia, en el precio final. La depreciación del peso cubano frente al dólar añade presión a esa relación: cuanto más cuesta adquirir un producto en moneda extranjera, más difícil puede resultar venderlo a un precio accesible para quienes cobran en moneda nacional.
El dólar estadounidense ronda casi los 800 pesos cubanos en el mercado informal el 13 de octubre de 2026, según la tasa diaria de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE. Esta evolución cambiaria es relevante para comprender el contexto económico en que se intenta formalizar el mercado farmacéutico, aunque por sí sola no permite establecer cuánto han aumentado los precios de los medicamentos desde la aprobación del decreto.
Para quienes venden, el mercado informal representa una forma de subsistencia. Para quienes compran, puede ser una necesidad mucho más apremiante. Maritza Fuerte, de 66 años, lleva un año esperando una operación para la que, inicialmente, le habían indicado un plazo mínimo de tres meses. Mientras espera, necesita tomar enalapril, atorvastatina y trombosín, medicamentos imprescindibles para mantener estable su presión arterial y evitar complicaciones mientras llega el momento de la intervención, comenta
Maritza los compra de manera recurrente por temor a que la interrupción del tratamiento provoque un desbalance en su presión arterial. El gasto supera lo que puede cubrir con su pensión. Aun así, continúa buscando los medicamentos, y pide ayuda económica a sus familiares, porque el riesgo de quedarse sin ellos le resulta más preocupante que el coste de conseguirlos, afirma.
La legalización de las farmacias privadas no le inspira demasiadas expectativas. Teme que algunos de los vendedores a los que recurre dejen de operar por miedo a las multas y que, antes de que se consolide una alternativa legal, ella pierda los contactos que hoy le permiten encontrar sus medicamentos. No cree que las nuevas farmacias vayan a extenderse con rapidez ni que su apertura resuelva de inmediato las dificultades que enfrenta, nos comenta.
En estas condiciones, la cuestión no es únicamente si Cuba tendrá más farmacias —ahora privadas, legales y funcionales—, sino quién podrá comprar en ellas. La apertura de establecimientos privados podría ampliar las opciones para conseguir medicamentos, pero su efecto sobre el acceso real dependerá de la disponibilidad de los productos, los costes de importación y los precios de venta. Para quienes dependen exclusivamente de salarios o pensiones estatales, disponer de medicamentos en el mercado no equivale necesariamente a poder pagarlos.
La legalización de las farmacias privadas abre una nueva vía para la comercialización de medicamentos en Cuba, pero no garantiza que estos lleguen a quienes más los necesitan. Mientras el acceso dependa tanto de la disponibilidad de los productos como de la capacidad económica de los compradores, la apertura podría ampliar las opciones de quienes pueden pagar, sin resolver la situación de quienes llevan años sin encontrar o no pueden costear sus tratamientos. El reto no será únicamente conseguir que las farmacias abran y pasen todos los peritajes estatales, sino que las medicinas estén en manos de quienes las necesitan y siempre habían vivido con la certeza de que esto no era un lujo, sino un derecho y un derecho al alcance del bolsillo de todos.
La entrada Las farmacias en Cuba, privatización y cambio de enfoque aparece primero en El Estornudo.
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Author: Guillermo L.
