El expreso político cubano Ángel De Fana siempre ha tenido claro que la libertad jamás se negocia, porque los principios tampoco son negociables y, bajo esa postura, hoy promueve una iniciativa desde el exilio para que ningún preso político sea usado como moneda de cambio en cualquier acuerdo futuro entre Washington y La Habana. «Ante la situación actual en Cuba y las supuestas conversaciones entre miembros del gobierno de Estados Unidos y de la tiranía comunista en nuestro país, un grupo de expresos políticos cubanos decidimos redactar un documento que expresara nuestro criterio», apuntó De Fana a El Estornudo, tras hacerse pública una carta que 146 expresos políticos cubanos han suscrito para reclamar la libertad de todos los presos políticos y la despenalización del disenso como condiciones previas para cualquier acuerdo entre ambos gobiernos.
El reconocido opositor cubano afirmó, además, que consideran muy importante que el pueblo cubano y el gobierno de Estados Unidos conozcan quienes han sido sometidos a prisión durante más de seis décadas de lucha contra el régimen. Además, rechazan que se establezcan negociaciones «con quienes son los responsables de la tragedia nacional, pues han llevado a cabo acciones criminales que trajeron el luto a muchas familias y destruyeron social y económicamente a la nación cubana».
El expreso político, de 87 años y quien pasó más de 20 años en cárceles de la isla y perteneció al grupo conocido como «Plantados», insistió en que «no buscamos venganza, pero exigimos justicia para las demandas de nuestro pueblo» y que están a favor de que se puedan establecer negociaciones para restablecer la democracia en Cuba con «miembros de las fuerzas armadas y funcionarios del Estado que pueden desertar de la tiranía y colocarse al lado del pueblo cubano».
Asimismo, dijo que se deben establecer canales adecuados para que «los cubanos de la isla y del exilio podamos participar en aquellas negociaciones en las que estén en juego los ideales por los que miles han muerto y millones sufren la crisis en que ese Estado fallido los ha hundido».
Al igual que en el documento, De Fana sostiene «en el caso de que se presentase en el país una nueva protesta reclamando libertad y solución a las necesidades materiales básicas de la población, y el régimen reprimiera violentamente tales manifestaciones, consideramos legítimo que el gobierno de Estados Unidos y de otros países nos ayuden, asumiendo acciones decisivas para vencer la maquinaria militar represiva del régimen».
De Fana, quien ha estado vinculado a la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, dedicada a apoyar a presos políticos y sus familiares, señaló que la redacción del documento quedó concluida el 10 de octubre y que desde ese día comenzaron las solicitudes para su respaldo. «Nuestra meta era conseguir al menos 100 expresos y llegamos a 146. Cuando estábamos cerca de los 138, pensamos en el simbolismo de esa cantidad, cuando el 10 de octubre de 1968, desde la prisión Combinado del Este de La Habana, emitimos una “Declaración de presos políticos al pueblo cubano, al exilio y al mundo” que señalaba nuestro repudio a cualquier tipo de diálogo o compromiso que significara libertad a precio de claudicación y que concluía manifestando: “No negociamos nuestra libertad porque no negociamos nuestros principios”».
El documento ha sido respaldado por expresos políticos desde los primeros años de la década del 60, en el pasado siglo, hasta más recientes que han sido exiliados o se mantienen bajo acoso en la isla. Entre los firmantes aparecen: Sissi Abascal Zamora, José Daniel Ferrer, Guillermo Fariñas, Angelica Garrido, entre otros.
Los suscriptores del documento insisten en que ningún encarcelado por motivos políticos debe formar parte de intercambios con el régimen, ya que debe ser incondicional la exigencia de liberarlos a todos y que nunca más nadie sea condenado por sus ideales. No puede ser permisible monetizar con el calvario de los miles de presos políticos cubanos, subraya la declaración. Los firmantes destacan que una eventual instancia de diálogo con el régimen pudiera realizarse si primero se cumplen esas condiciones.
Para el abogado Raudiel Peña Barrios, asociado al centro de información legal independiente Cubalex, resulta relevante en el actual contexto de la isla la postura expresada por quienes suscriben el citado documento. «Es importante y muy precisa en el sentido de que ha existido esta práctica de utilizar a los presos políticos como moneda de cambio en procesos de negociación o de conversaciones con Estados Unidos. Ha ocurrido anteriormente», apuntó.
Peña Barrios considera que la carta de los expresos políticos es un «llamado de alerta para que la parte estadounidense, quienes sean que estén en contacto con La Habana, entienda que puede ocurrir una liberación de presos políticos —por cualquier fórmula legal—, y eso no implica que Cuba esté ingresando en un proceso de democratización, ni que sea un indicio de que existe voluntad política en La Habana para democratizar al régimen».
El jurista subraya que la exigencia de despenalizar el disenso también es relevante porque en la isla sigue intacta la represión contra quienes se oponen políticamente al gobierno. Además, comentó, «se mantienen bajo pésimas condiciones carcelarias y se violan sus derechos como reclusos».
«Siempre será muy importante una declaración a favor de la despenalización de quienes asumen posturas políticas contrarias al régimen. En este caso, se trata de expresos políticos que conocen muy de cerca cómo fueron utilizados como moneda de cambio y los mecanismos de represión legales y extralegales que existen en Cuba contra ellos».
Para Camila Rodríguez, directora de la organización civil Justica 11J, esta iniciativa tiene una importancia particular porque reúne las experiencias de varias generaciones de cubanos que han sufrido prisión por motivos políticos, según comentó a El Estornudo. «Son personas que conocen directamente lo que significa que el Estado utilice la privación de libertad como una herramienta de castigo y control político», subrayó la también activista, quien destaca que le parece especialmente relevante, además, que se vincule la liberación de los presos políticos con la despenalización del disenso. «Son dos exigencias que necesariamente deben ir juntas. De muy poco serviría liberar a quienes hoy están encarcelados si mañana esas mismas personas, u otras, pueden terminar en prisión por ejercer exactamente los mismos derechos».
Rodríguez subraya que desde la organización que dirige siempre han insistido en «que la liberación de las personas presas por motivos políticos debe ser plena e incondicional. No estamos hablando de concesiones que el Gobierno cubano pueda administrar en función de sus intereses diplomáticos, sino de la restitución de derechos que nunca debieron ser vulnerados».
En los últimos cinco años, organizaciones de Derechos Humanos han registrado dos excarcelaciones importantes de presos políticos en la isla, especialmente en enero de 2025 y marzo de 2026, aunque no todos recibieron una liberación definitiva y varios han vuelto a ser detenidos y devueltos a las cárceles.
Según la directora de Justicia 11J, los procesos de excarcelación de los últimos años, incluidos los que se han producido en contextos de negociación o presión internacional, han demostrado que salir de prisión no necesariamente significa recuperar la libertad.
«Muchas personas han sido excarceladas bajo beneficios penitenciarios que mantienen vigentes sus condenas, sujetas a restricciones, vigilancia y amenazas de regresar a la cárcel. Durante 2026 hemos seguido documentando revocaciones de libertades condicionales, nuevas detenciones y acciones de hostigamiento contra personas previamente encarceladas por motivos políticos. También hemos identificado casos de personas que continúan en prisión a pesar de haber alcanzado las fechas en las que deberían haber extinguido sus condenas», argumenta, desde su rol de directora del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
Por estas razones, insiste Rodríguez, «debemos preguntarnos cómo estamos midiendo los resultados de estos procesos. No basta con anunciar que un determinado número de personas ha salido de prisión si esas personas continúan sometidas a restricciones, conservan antecedentes penales derivados del ejercicio de sus derechos o pueden ser encarceladas nuevamente. Tampoco podemos hablar de avances sostenidos si, mientras unas personas son excarceladas, otras continúan siendo detenidas y procesadas por motivos políticos».
«Es muy importante que los agentes internacionales involucrados tradicionalmente con el régimen cubano en los intercambios por la excarcelación de presos entiendan que dichas negociaciones no conducen a nada positivo», apuntó a El Estornudo el presidente de Prisoners Defenders (PD), Javier Larrondo, quien añadió que «el régimen cubano está encarcelando a decenas de personas cada mes que pasa».
A su juicio, «de nada sirve negociar la salida de 50, porque otros 100 van a reemplazarlos en un plazo de pocos meses. Dichas negociaciones, hasta la fecha, solo han conseguido darle al régimen oxígeno político o prebendas económicas, y el beneficio para el conjunto de los presos políticos y la represión no ha experimentado ninguna mejora».
Larrondo considera, además, que «solo hay una negociación posible: liberar a todos los procesados y condenados por motivos de conciencia o políticos y detener el encarcelamiento de personas inocentes como represalia a su desafección del sistema o sus críticas contra el gobierno». Al cierre de septiembre último, su organización registraba más de 1300 presos políticos en la isla.
Larrondo añade que la represión en prisión contra los presos políticos está en un máximo en décadas. Señala que están sometidos a desnutrición forzosa, torturas, vejaciones y maltratos de todo tipo. Además,se les niega de forma sistemática los beneficios penitenciarios cuando les corresponden. Casi 500 de ellos sufren dolencias médicas para las que les niegan la asistencia sanitaria, y más de 50 entraron en prisión con dolencias psíquicas diversas, que son incompatibles con el régimen carcelario.
«La falta de presión de la Unión Europea sobre dichas situaciones perpetúa y acentúa la represión, ahora exenta de coste político para el régimen cubano. La situación es criminal y humanamente desgarradora», concluye Larrondo.
Para Camila Rodríguez, de Justicia 11J, cualquier acercamiento diplomático debe evaluarse también por sus consecuencias concretas para los derechos humanos. «Si se producen acuerdos, deberían existir compromisos verificables, mecanismos independientes de seguimiento y garantías de no repetición, con participación de la sociedad civil y de las personas directamente afectadas. Una apertura económica, un cambio de interlocutores o determinadas reformas institucionales no equivalen necesariamente a una democratización si permanecen intactas las estructuras que permiten perseguir y castigar a quienes disienten», argumenta.
Añade, además, que desde su organización «siempre vamos a celebrar que una persona consiga salir de la cárcel y regresar con su familia, después de tantas batallas personales dentro de prisión y de tantos esfuerzos de sus familiares y de la sociedad civil para conseguir que vuelva a dormir en casa con los suyos. Conocemos el sufrimiento que hay detrás de cada caso y sería profundamente insensible minimizar la importancia de una excarcelación, incluso cuando se produce bajo condiciones injustas».
Sin embargo, destaca, «precisamente por eso también nos preocupa cómo evitar que los regímenes autoritarios sigan utilizando a los presos políticos como monedas de cambio. Si la comunidad internacional responde a cada proceso de excarcelación con concesiones, sin exigir transformaciones que impidan nuevas detenciones arbitrarias, corremos el riesgo de alimentar un mecanismo que los propios gobiernos represivos han aprendido a utilizar en su beneficio».
La entrada «No somos moneda de cambio»: Una carta de expresos políticos habla por Cuba aparece primero en El Estornudo.
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Author: Katia Monteagudo
