Cuba afronta, quizá, la crisis económica y energética más severa de las últimas tres décadas, con apagones que en algunas zonas superan las 20 horas diarias, escasez de alimentos e inflación galopante. En los últimos meses, varios han sido los envíos de ayuda humanitaria procedentes de organismos internacionales, gobiernos, asociaciones foráneas y proyectos de la sociedad civil que han llegado a la isla.
Pero, ¿quién decide a dónde va la ayuda? ¿Cómo funcionan los mecanismos de recepción? ¿Quiénes han colaborado? ¿Qué garantías existen de que los recursos lleguen a los más vulnerables y no terminen en los estantes del mercado negro o en las tiendas estatales en divisas?
El candado del MINCEX
En la nación caribeña, la caridad queda sujeta a permisos. El régimen no permite la existencia legal de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) independientes ni tolera que actores foráneos operen al margen de sus instituciones. La legislación vigente y las resoluciones ministeriales establecen que toda ayuda de emergencia debe ser evaluada, contabilizada y distribuida a través de canales oficiales o bajo su estricta supervisión.
En tal sentido, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) actúa como entidad rectora e intermediaria para la aprobación de la entrada a territorio cubano de donativos internacionales. Su gestión, controlada directamente por el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba, se coordina con la Aduana General de la República, el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).
El argumento del discurso oficial sostiene que esta centralización resulta imprescindible para garantizar que la ayuda se reparta de forma «equitativa», sin discriminación, así como para evitar injerencias extranjeras que busquen «subvertir el orden interno». En la práctica, significa que el Estado decide qué barco atraca, qué mercancía se declara prioritaria y quién sale en la fotografía oficial de la entrega.
Un monopolio que ha provocado que, en numerosas ocasiones, iniciativas de ayuda provenientes de la diáspora cubana queden bloqueadas en los puertos o aeropuertos, se sometan al pago de aranceles prohibitivos o a la confiscación definitiva bajo el pretexto del incumplimiento de gestión mediante los canales institucionales. Para el gobierno, una sociedad civil que se abastece a sí misma, sin depender de sus estructuras, resulta peligrosa y difícilmente instrumental.
El salvavidas diplomático
El Estado cubano abraza con beneplácito la asistencia canalizada a través de las Naciones Unidas. Agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o UNICEF operan en Cuba mediante acuerdos de cooperación que el gobierno utiliza para legitimar su gestión internacional e inyectar recursos a los maltrechos programas sociales.
El grado de dependencia a la ONU quedó en evidencia cuando, a mediados de junio, el PMA aprobó un masivo paquete de ayuda por valor de 116 millones de dólares. El objetivo del fondo sería el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la mejora de la logística de distribución y la protección a las poblaciones vulnerables. Su aprobación por parte de la Junta Ejecutiva del PMA sería cuestionada por la administración norteamericana, bajo el argumento de la histórica opacidad en el manejo de fondos por parte de las autoridades cubanas.
Simultáneamente, La Habana se beneficia de mecanismos financieros multilaterales. En fechas recientes, más de 89 mil euros procedentes de un canje de deuda entre España y Cuba se destinaron al apoyo a la alimentación escolar bajo gestión del PMA. El proyecto busca proveer de alimentos a 74 centros educativos en 19 municipios de las cinco provincias orientales, lo que beneficia a más de 12 mil 600 niños de la enseñanza primaria y escuelas especiales.
Sin embargo, la falta de transparencia del régimen deviene en recurrentes cuestionamientos. Si bien organismos como el PMA aportan el financiamiento, recursos físicos y asistencia técnica, la ejecución sobre el terreno se realiza en coordinación ineludible con los gobiernos territoriales y ministerios. El Estado recibe la comida, el Estado cocina en sus escuelas y el Estado se atribuye el mérito de mantener la merienda escolar ante sus ciudadanos.
¿Qué papel juegan los aliados políticos?
En los últimos años, Rusia ha mantenido su cooperación con Cuba a través del PMA. Entre 2018 y 2025, la nación europea aportó 18 millones de dólares al fondo para proyectos humanitarios en la isla. Recientemente, el pasado 7 de julio, el ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokoltsev, anunció una nueva contribución de dos millones para el año en curso.
En materia energética, los envíos aprobados por el Kremlin han estado marcados por la habitual opacidad: los últimos grandes cargamentos de petróleo datan de febrero de 2025 —100 mil toneladas financiadas con un préstamo estatal de 60 millones de dólares—, hasta el arribo a la isla del buque Anatoli Kolodkin, en abril de 2026, con otras 100 mil toneladas. Una operación que el Gobierno de Estados Unidos dijo haber autorizado por razones humanitarias, mientras Rusia negó tal afirmación al insistir en que no había pedido permiso a nadie.
Por su parte, el pasado 20 de enero China aprobó una ayuda de emergencia de 80 millones de dólares en asistencia financiera y una donación de 60 mil toneladas de arroz, de las cuales ya entregó un primer tramo de 30 mil toneladas, citó EFE.
Pekín ha concentrado buena parte de su apoyo en inversiones en la matriz energética. Hasta abril de 2026, había financiado e instalado unos 75 parques solares —de un total de 92 planificados antes de 2028—. Estas son cifras de las que recurrentemente se ha hecho eco la propaganda estatal, a pesar del paupérrimo estado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), reflejado en apagones masivos en todo el país.
Según el informe Convenios México-Cuba: un andamiaje legal sin contrapesos ni rendición de cuentas, difundido el pasado 16 de julio por Consorcio Justicia, organización mexicana que analiza la transparencia en el manejo de los recursos públicos, entre 2022 y 2026 el Gobierno mexicano —principal socio regional del castrismo tras el agravamiento de la crisis en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro— transfirió a su par cubano más de 1 678 millones de dólares sin auditorías independientes ni debate legislativo efectivo.
Entre 2023 y 2025, fueron entregados más de 1 500 millones de dólares en envíos de petróleo —cifras respaldadas por reportes de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex)— y cerca de 35 millones de dólares en asistencia humanitaria. A eso se sumarían unos 143,4 millones de dólares por la contratación de personal médico cubano.
El informe destaca que fue el propio Gobierno cubano quien solicitó a México clasificar durante cinco años la información sobre esos envíos para evitar —según los documentos de la Cancillería mexicana citados— que los datos pudieran «azuzar» a los disidentes; una petición que sería aceptada por México. Los autores de la investigación concluyen que el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) sería el beneficiario económico real de esa cooperación, al atribuirle el control efectivo de buena parte de los recursos que llegan desde el exterior.
Otros países de la región como Belice, Bolivia, Colombia o Chile han enviado ayuda material; también la Unión Europea valiéndose del PMA.
La izquierda del performance
Tras la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, en la que el Gobierno de Donald Trump decretó aranceles a los países que vendan petróleo al régimen cubano, numerosas iniciativas de activistas de izquierda europea y latinoamericana han culminado en el envío de alimentos y material de generación eléctrica como paneles solares a través de los márgenes establecidos por el gobierno e, incluso, mediante el despliegue de medios propios que han arribado a territorio nacional.
El Convoy Nuestra América, impulsado por la organización Internacional Progresista junto a CodePink, explícitamente inspirado en la Flotilla Global Sumud que en 2025 llevó ayuda a Gaza, fue concebido en principio como una flotilla marítima, pero la iniciativa se transformó en un operativo combinado por aire, tierra y mar que convergió en La Habana entre el 20 y el 24 de marzo pasado.
A La Habana arribaron 650 delegados de 33 países y 120 organizaciones, procedentes de vuelos de Italia, Francia, España, Estados Unidos y varios países latinoamericanos, además de un grupo de embarcaciones provenientes de México. Destacan el político británico Jeremy Corbyn, el español Pablo Iglesias, la cofundadora de CodePink, Medea Benjamin, y la banda Kneecap, respaldados por Greta Thunberg y Rashida Tlaib.
El convoy entregó cerca de 20 toneladas de ayuda —alimentos, fórmula infantil, bicicletas y paneles solares— y sirvió tanto a los colectivos de izquierda como a La Habana para orquestar una campaña propagandística y de blanqueo al régimen: Pablo Iglesias lanzó preguntas cómodas a Diaz-Canel en lo que, más que una entrevista, devino en otro encuentro entre amigos íntimos. Un grupo de activistas estuvo de fiesta en un país sin energía, con noches en un hotel de lujo mientras la oscuridad envolvía las casas colindantes. Selfies, videos y marketing revolucionario. Pornomiseria para unos pocos días.
Una segunda misión de perfil similar: «Rumbo a Cuba», impulsada por la ONG española Open Arms —conocida por el rescate de migrantes en el Mediterráneo— junto a más de 150 organizaciones civiles y políticas, entre ellas los partidos españoles Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Comuns y Bildu, llegó a La Habana el 19 julio a bordo del velero Astral. Antes hicieron una ruta «de sensibilización» que, desde Barcelona, los condujo a puertos de Badalona, Tarragona, Málaga, Cádiz y Canarias.
Siete toneladas de ayuda —110 paneles solares, baterías y material sanitario— financiadas tras una colecta que superó los 170 mil euros, aportados por más de 4 mil donantes particulares, que tendrían como destino la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.
En ambos casos, la misma cobertura oficial: actos de bienvenida institucional, presencia de figuras culturales afines al Gobierno y un mensaje repetido que cumple, para La Habana, una función que ningún otro canal de ayuda ofrece: la de convertir cada llegada en una imagen de respaldo internacional.
La promesa de ayuda estadounidense
En mayo de 2026, el Departamento de Estado formalizó una oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para la población cubana, ampliando un programa previo de 9 millones que ya se venía enviando desde enero para atender a los damnificados del huracán Melissa, que golpeó el oriente del país en octubre del año anterior. Del total, 60 millones de dólares se canalizarían a través de la Iglesia Católica y 40 millones mediante organizaciones no gubernamentales consideradas «de máxima confiabilidad».
Un requisito indispensable sería repetido en varias ocasiones por Marco Rubio y funcionarios del Departamento de Estado: ni un dólar, ni un producto, pasaría por las manos del Gobierno de la isla, principalmente por GAESA. Miguel Díaz-Canel respondió que el gobierno no obstaculizaría la entrada de los recursos si el programa cumplía con las normas internacionales de asistencia humanitaria.
El pasado 21 de julio, tras cruzar el Estrecho de la Florida, un cargamento con cajas marcadas con la bandera de Estados Unidos y el lema «La Caridad nos une con Cáritas» arribó al aeropuerto habanero José Martí.
¿Qué papel juega la Iglesia Católica?
Cáritas Cuba, la rama social de la Iglesia Católica en la isla, se convirtió en el canal designado por Washington para hacer llegar buena parte de esos recursos sin que el Estado los administre directamente. En este primer envío se distribuirían módulos con arroz, frijoles, espaguetis, aceite, latas de sardinas y atún; lámparas solares y tabletas para purificar agua a 700 familias de la arquidiócesis de La Habana, conforme a criterios de vulnerabilidad.
Este esquema en el que los productos son enviados directamente por el donante y distribuidos por una organización religiosa con estructura territorial propia es, hasta ahora, el mecanismo que con mayor claridad ha logrado esquivar la mediación estatal, aunque depende por completo de que las autoridades cubanas autoricen la entrada de cada cargamento y de que Cáritas mantenga el margen de maniobra necesario para operar dentro del país.
¿Se desvían las donaciones a las tiendas en divisas?
Esta es, sin dudas, la interrogante que más indignación suscita en el debate público. Durante años, la ciudadanía cubana, apoyada en el periodismo independiente y en denuncias a través de las redes sociales, ha reportado cómo productos que llegan empaquetados con etiquetas de donación terminan comercializándose en la red de tiendas de divisas.
El caso más sonado estalló en marzo de 2026, cuando una investigación de la cadena internacional TV Azteca documentó imágenes de sacos de frijoles, originarios de lotes de ayuda humanitaria, siendo vendidos al público en tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC). Según el reportaje, medio kilogramo de frijoles donados se vendía por 2.97 dólares, y los sacos de 30 kilogramos alcanzaban la suma de 43 dólares. En el país el salario mínimo oficial ronda los 2.100 pesos cubanos —apenas unos seis o siete dólares mensuales al valor real de la calle—. La comercialización de productos que habían sido enviados como donaciones plantea dudas sobre el destino final de la ayuda y sobre los mecanismos de control aplicados por las entidades estatales que intervienen en su recepción y distribución.
La respuesta de las autoridades cubanas fue la habitual negación. Funcionarias del régimen comparecieron en los medios de propaganda para rechazar las acusaciones, al asegurar que todos los donativos internacionales se distribuyen de forma gratuita, de manera «transparente» y bajo «control popular», dando prioridad a grupos priorizados: embarazadas, niños y ancianos en asilos.
Sin embargo, para el ciudadano común, la retórica de la televisión estatal choca frontalmente con la desolación en una red de bodegas que permanece desabastecida mientras los comercios en divisas lucen productos con precios ajenos al poder adquisitivo de la mayor parte de la ciudadanía. En el imaginario popular, la ruta de las donaciones tiene fugas en los almacenes estatales de entidades como CIMEX o Tiendas Caribe, dirigidas por el conglomerado militar GAESA.
Exilio y sociedad civil cubana
La emigración cubana ha sido el sostén histórico de las familias al interior de la Isla. Remesas, envíos de alimentos, electrodomésticos e insumos médicos o las recargas telefónicas han permitido el acceso a bienes básicos inalcanzables debido a los bajos salarios del sector presupuestado y la inflación. La mayor parte de la ayuda de la diáspora se destina a la compra en decenas de plataformas en línea —Katapulk, La Family Shop, Combitos, Fonmoney, TropiPay o Cuballama, entre otras— de «combos» de alimentos ausentes de la desabastecida red de mercados estatales.
En este contexto de abandono a los sectores vulnerables, miembros de la sociedad civil han construido redes de asistencia financiadas con donativos del exilio y gestionadas por activistas dentro de la isla. Acciones caritativas que, al actuar al margen del Estado, dejan en evidencia las carencias negadas por la propaganda oficialista, lo que expone a los activistas al acoso y la represión por parte de la Seguridad del Estado.
La activista Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs, y el escritor Raymar Aguado Hernández han sido víctimas de campañas de descrédito, exposición de datos personales en redes sociales, acoso, amenazas y arrestos por la articulación de redes asistenciales que han entregado alimentos, medicamentos y linternas a familias vulnerables de La Habana y de comunidades santiagueras afectadas por el huracán Melissa. El activista ha denunciado, incluso, el acoso al que se han visto expuestos sus amigos y familiares. Un patrón de persecuciones que no resulta novedoso.
Sin ir más lejos, miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y su director, José Daniel Ferrer, fueron represaliados durante meses tras instalar un comedor en su propia vivienda, en Santiago de Cuba. En la sede llegaron a atender a más de 1 000 personas vulnerables al día y a repartir cerca de 30 mil 500 raciones de comida y desayunos. Además, le garantizaban atención médica a esas personas.
La respuesta de la Seguridad del Estado fue una campaña dirigida no contra Ferrer directamente, sino contra quienes acudían a pedir ayuda: más de 350 detenciones en apenas cuatro semanas de marzo de 2025, la mayoría personas vulnerables —ancianos, enfermos, madres solteras— interceptadas al ir o tras volver del comedor, siendo amenazadas con cárcel si insistían, según documentó Prisoners Defenders.
Al menos ocho colaboradores abandonaron la iniciativa tras recibir amenazas directas. Las autoridades instalaron cámaras de vigilancia alrededor de la vivienda hasta que, el 29 de abril de 2025, asaltaron la sede de la organización. Tras el operativo, Ferrer y su esposa fueron detenidos, así como confiscados los alimentos destinados al comedor. Tras meses de prisión, el activista se vio forzado al exilio.
Otros proyectos comunitarios financiados o vinculados a la diáspora han enfrentado similar hostigamiento. A pesar de ser considerados amenaza política debido a la solidaridad con sus coterráneos, miles de cubanos al interior o fuera de la isla siguen desempeñando las funciones olvidadas por un Estado necrótico y dependiente de la ayuda externa, que ante tal crisis estructural ha relegado al olvido el asistencialismo. Su razón de ser.
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Author: José Leandro Garbey Castillo
