Hace poco más de dos años, Carolina Barrero fundó en el exilio la organización Ciudadanía y Libertad para «respaldar y proteger los derechos de los ciudadanos cubanos a asociarse libremente y reunirse pacíficamente a través de campañas de incidencia y concienciación, socialización de las limitaciones del marco legal, y el apoyo a la formación de organizaciones». Desde que fue empujada por el régimen cubano a salir de la isla, a inicios de 2022, se la visto una y otra vez en salones parlamentarios y diplomáticos de Europa y Estados Unidos, y en múltiples foros de derechos humanos, presentando denuncias e informes sobre la falta de libertades en su país natal, refutando «las narrativas» de La Habana, coordinando esfuerzos y apoyos políticos que contribuyan a modificar un marco de relaciones internacionales que, desde su punto de vista, ha apuntalado durante mucho tiempo la opresión en Cuba.
Es posible decir que ha hecho su parte, en la distancia, para dotar al país de una oposición moderna, viable y efectiva. O al menos ella considera que lo ha intentado, según se colige de sus palabras. Conoce los déficits históricos y actuales de la oposición y el exilio realmente existentes, y si se le pregunta al respecto disecciona esos cuerpos políticos, breve, diligentemente, ante los ojos de todos.
A primera vista, es otra el agua de este pez, pero también puede ser beligerante en redes sociales. Y no solo contra el totalitarismo cubano. Hace un par de semanas tuvo que saltar al barro «chapucero y pueril» de cierto anticastrismo influencer para defender su activismo y su identidad política, y lo hizo, inevitablemente, echando mano a su expediente de opositora in situ: «En las calles de Cuba enfrenté a la dictadura sin que nunca me temblara la voluntad», escribió. «Organicé protestas —una de ellas frente al Tribunal Supremo—, fui detenida docenas de veces, instruida de cargos —al menos cuatro—, tuve procesos judiciales en mi contra y meses de prisión domiciliaria sostenida. En las celdas de la dictadura, me sometieron a interrogatorios, golpizas, tortura y tratos degradantes. Ni una sola vez dudé, ni una sola vez pudieron socavar mis principios».
Se define a sí misma como de «centro derecha liberal», y ahora Freedom House —organización no gubernamental y think tank para «la defensa e investigación de la democracia, la libertad política y los derechos humanos a nivel global»— la ha elegido entre sus cinco embajadores por la Libertad en todo el mundo. Según la entidad con sede en Washington, D.C., el objetivo de esta encomienda es «poner de relieve las amenazas a la libertad, involucrar a los responsables políticos y a la ciudadanía, e inspirar a una nueva generación a defender la democracia».
Carolina Barrero es alguien inteligente y, con certeza, una de las voces más articuladas entre la actual oposición al gobierno cubano, aunque su discurso público tenga a menudo demasiadas inflexiones técnicas, un —al parecer irreductible— dejo tecnocrático. Es tal vez la lengua de «la incidencia internacional al más alto nivel». Una marca de batalla, diríase. Pero uno entiende —especialmente en el páramo político de la isla y la diáspora— por qué la admiran sus admiradores.
Formada en historia del arte, ha sido en las páginas de El Estornudo, por ejemplo, una intelectual comprometida a la hora de defender al artivista Luis Manuel Otero Alcántara y su empleo de la bandera nacional en el performance Drapeau. Para ello se remontó al Tratado de Westfalia y, a continuación, citó a Jasper Johns y a Eugène Delacroix, e invocó el espíritu revolucionario y el giro autorreferencial de La Libertad guiando al pueblo… El 27 de enero de 2021 —en una expeditiva conmemoración del 27N, cuando cientos de intelectuales se manifestaron en La Habana contra la represión artística y exigieron mayores libertades creativas—, leyó a las puertas del Ministerio de Cultura los versos de «Dos patrias», el célebre poema de José Martí, y, a continuación, fue detenida violentamente junto a sus compañeros.
Han dicho algunos sobre Carolina Barrero que sus gestos remedan los de María Corina Machado, cuyo Nobel de la Paz respaldó públicamente, con entereza, frente a los misóginos, los guardianes ideológicos de la izquierda y toda suerte de «contorsionistas morales». Bastante pronto, Donald Trump se encargaría de humillar por propia mano a la opositora venezolana.
Y, justamente, la administración Trump —cuya política intervencionista en el hemisferio ha sido cuestionada por diversos organismos de derechos humanos y es ampliamente considerada un revival del imperialismo del siglo XX (bombardeo sobre Caracas; «ejecuciones extrajudiciales» en el Caribe; influencia sobre procesos electorales y erosión de la democracia; instigación de abusos contra migrantes y políticas de seguridad extremas, etc.)— es tema hacia el final de este cuestionario (no exactamente una conversación) enviado a la nueva Embajadora por la Paz para las Américas.
Sobre ese asunto medular, Carolina Barrero responde con una cautela estratégica; seguramente demasiada cautela. Después de extenderse sobre los desafíos de una transición en Cuba, es muy probable que piense en el caso de Venezuela, luego del 3 de enero de 2026, cuando dice: «Pero también sabemos que un país no se democratiza simplemente porque cambie el equilibrio de poder que lo rodea».
JAM: ¿Por qué dirías —más allá de las declaraciones oficiales de la propia organización— que has sido reconocida y encargada con este nombramiento como Embajadora por la Libertad de Freedom House?
CB: Creo que han pesado los años de trabajo, la manera en que enfrenté al régimen dentro de Cuba, las protestas callejeras y frente a instituciones, la forma en que eso inspiró a otros, las redes de solidaridad que entonces tejimos y que duran hasta hoy, y el modo en que luego encontré cómo traducir esa experiencia en el terreno de la incidencia internacional al más alto nivel. Desde que, en febrero de 2022, fui sacada de un calabozo hacia el destierro, he sostenido la presión en términos de exposición del régimen en todos los frentes que la comunidad internacional ha abierto, como mismo hice mientras estuve en Cuba. Allí donde hubo espacio para denunciar he estado: Ginebra, Bruselas, La Haya, Nueva York, Sudáfrica…; prácticamente toda América Latina y Europa, y por supuesto Washington.
En esa labor desde Ciudadanía y Libertad hemos documentado la influencia del régimen cubano en el hemisferio y en el mundo, sus vínculos dentro de la red autoritaria global, y hemos buscado convertir esa evidencia en rendición de cuentas: sanciones individuales, suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación [con la Unión Europea], liberación de los presos políticos, y la insistencia en que los derechos civiles y políticos no pueden quedar por detrás de la libertad económica, sino a la par. Hemos trabajado también en justicia transicional, y en algo más lento pero central: la formación de una cultura democrática que sostenga una Cuba verdaderamente libre y próspera.
Ese trabajo en el tiempo ha dado resultados que compartimos con muchos colegas de la oposición. Nuestros policy briefs, informes y reuniones han contribuido a que Cuba entre en la discusión global sobre autoritarismo como un actor menos marginal de lo que se pensaba.
¿Qué tareas y responsabilidades específicas implica dicho cargo dentro de esa nueva iniciativa global? ¿En qué medida esto te coloca personalmente en una mejor posición para aportar a la causa de la democratización de Cuba?
Una embajada es, en su sentido más antiguo y profundo, una presencia que representa algo que está más allá de sí misma. La palabra viene de la tradición diplomática medieval, el embajador era el enviado, aquel a quien se confiaba una misión y llevaba consigo una voz, una causa y una responsabilidad ausente. Con el desarrollo de la diplomacia moderna, especialmente desde las ciudades Estado italianas del Renacimiento, esa figura se convirtió en una institución permanente, alguien que debía hablar en nombre de otros allí donde esos otros no podían estar.
Es desde esa idea que entiendo mi responsabilidad como Embajadora por la Libertad, con la responsabilidad de llevar la realidad de Cuba a aquellos espacios donde todavía necesita ser escuchada, comprendida y atendida. Procurar que, cuando se hable de nuestro país, no se haga desde las abstracciones o desde las narrativas que el régimen ha conseguido instalar durante décadas, sino desde la experiencia concreta de los cubanos.
La primera de mis prioridades será la defensa de las libertades civiles y políticas, el derecho al pluralismo, la protección de quienes ejercen esos derechos dentro de la isla y, de manera muy especial, la libertad de los presos políticos. Quiero contribuir a que sus nombres, sus historias y las circunstancias de sus encarcelamientos permanezcan en la agenda internacional, y a ampliar el número de gobiernos, organizaciones, instituciones y ciudadanos dispuestos a reclamar su liberación.
Una segunda prioridad será contribuir a que el régimen cubano rinda cuentas. Durante demasiado tiempo, el Estado cubano ha pretendido presentarse internacionalmente como víctima mientras evade su responsabilidad por la represión que ejerce sobre sus propios ciudadanos. Hacer que el poder rinda cuentas ante los mecanismos e instituciones internacionales existentes para disputar con hechos una narrativa construida durante décadas. Cuba no puede ser examinada únicamente a través del relato que su propio gobierno ofrece sobre sí mismo.
Esta iniciativa me coloca en una posición desde la cual puedo ampliar interlocutores y tender puentes entre la causa cubana y una comunidad internacional mucho más extensa. Para mí, eso significa buscar el mayor número posible de aliados para una aspiración que debería trascender cualquier diferencia, que los cubanos puedan vivir en libertad, elegir su futuro, organizarse políticamente, disentir sin miedo y construir instituciones democráticas.
Con este rol quiero abrir puertas, para que entren por ellas las voces que tantas veces el régimen cubano ha intentado silenciar; llevarlas a los lugares donde se toman decisiones, y conseguir que la libertad de Cuba deje de ser percibida como un asunto periférico o exclusivamente cubano y sea entendida como parte inseparable de la defensa universal de la libertad, los derechos humanos y la democracia.
Según tu propia experiencia al frente de Ciudadanía y Libertad, y como participante en múltiples foros diplomáticos y políticos en Europa y Estados Unidos, ¿cuál es la utilidad o el potencial real (más allá de lo meramente representativo) de esa modalidad de trabajo político (relatoría, denuncia, cabildeo, etc.) desde el extranjero en la búsqueda de una transición para Cuba?
Ninguna relatoría de Naciones Unidas, resolución parlamentaria, reunión diplomática ni campaña internacional va a producir por sí sola una transición democrática en Cuba. La democratización de Cuba tendrá que ser, fundamentalmente, obra de los cubanos. Pero de ahí no se desprende que el trabajo internacional sea meramente representativo o simbólico. Todo lo contrario. Bien hecho, puede modificar las condiciones políticas, diplomáticas y jurídicas en las que un régimen autoritario ejerce el poder y en las que una sociedad lucha por recuperar sus derechos.
Mi experiencia me ha permitido comprobar que existe una diferencia enorme entre denunciar y conseguir que una denuncia entre en un circuito institucional. Cuando un testimonio recogido dentro de Cuba se documenta rigurosamente, llega a una relatoría de Naciones Unidas, se incorpora a un informe, genera una comunicación a un Estado, llega a un parlamento o es presentado ante un gobierno, deja de ser únicamente el relato de una víctima frente a un poder que pretende negarlo. Se convierte en evidencia, expediente, memoria institucional y, potencialmente, en demanda de rendición de cuentas. Los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, por ejemplo, pueden actuar sobre información creíble recibida de la sociedad civil, solicitar explicaciones a los Estados, pedir que una violación sea detenida o investigada, y posteriormente incorporar esas actuaciones a sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos.
Ese proceso puede parecer lento, pero tiene consecuencias acumulativas. Los autoritarismos necesitan impunidad, pero también necesitan normalidad internacional. Necesitan que sus violaciones sean olvidadas, relativizadas o tratadas como asuntos internos. Una de las funciones de la incidencia internacional es precisamente romper esa normalidad, aumentar el costo político de la represión, dificultar su legitimación, preservar evidencia, identificar responsabilidades y conseguir que determinados actores sepan que sus decisiones pueden acompañarlos más allá del cargo que ocupan hoy.
Otra dimensión de esta incidencia consiste en construir poder democrático. Cada interlocución sostenida va construyendo una red de relaciones que puede ser decisiva cuando se abra una oportunidad de cambio. Las transiciones comienzan antes del día en que cae un régimen. Se preparan construyendo confianza, alianzas y capacidad para movilizar apoyo internacional rápidamente cuando las circunstancias cambian.
La incidencia también implica, y esta es mi preferida, disputar la narrativa. El régimen cubano ha dedicado durante décadas enormes recursos diplomáticos a construir una determinada representación de Cuba en el mundo. Contrarrestarla significa sustituir la propaganda con hechos allí donde durante demasiado tiempo ha predominado la versión mítica de la Revolución completamente ajena a la realidad de la tiranía de los Castros.
¿Cuáles son en la actualidad los déficits objetivos —y políticamente superables— de la oposición y el activismo cubanos teniendo en cuenta, por una parte, la situación de «colapso» o de crisis aparentemente terminal dentro de la isla y, por otra, la persistente fragmentación y la frustración consuetudinaria del exilio cubano?
Creo que el primer déficit que tenemos que reconocer es que la profundidad de la crisis del régimen no equivale automáticamente a la capacidad de la oposición para producir una alternativa política. Son dos variables distintas. Cuba atraviesa una crisis extraordinariamente profunda: económica, demográfica, energética, institucional y, sobre todo, de legitimidad. La permanencia del sistema no puede confundirse con fortaleza. Pero tampoco debemos cometer el error inverso de pensar que su debilidad garantiza por sí misma una transición democrática. Los autoritarismos pueden sobrevivir durante mucho tiempo administrando el deterioro, distribuyendo selectivamente la represión y expulsando fuera del país una parte importante de la presión social.
Los déficits de la oposición y del activismo cubanos son, en buena medida, políticamente superables. El primero es la fragmentación. Durante décadas hemos tenido una extraordinaria acumulación de coraje cívico, iniciativas, liderazgos y capacidad de resistencia, pero una capacidad mucho menor para transformar esa diversidad en coordinación estratégica. No creo que Cuba necesite una oposición artificialmente uniforme. La democracia que queremos construir será necesariamente plural y, por tanto, sería contradictorio exigir homogeneidad a quienes luchan por ella. Lo que necesitamos es aprender a distinguir entre unidad y coordinación.
Un segundo déficit es la dificultad para convertir la denuncia en estrategia política. Hemos aprendido, por necesidad, a documentar la represión y a reaccionar frente a ella, pero nos falta desarrollar estrategias coordinadas que traduzca el pensamiento sobre la transición en una alternativa real y sólida a la dictadura. En lograrlo tendrá un papel fundamental el exilio, y un régimen que nació de un exilio lo sabe.
El régimen ha trabajado durante décadas para convertir esa distancia geográfica en una fractura política y emocional. No deberíamos ayudarlo a conseguirlo. Después de uno de los mayores éxodos de nuestra historia reciente, pensar Cuba exclusivamente desde dentro o exclusivamente desde fuera resulta cada vez menos útil. Existe una sola comunidad política cubana dispersa por muchas geografías, aunque las condiciones, los riesgos y las responsabilidades de quienes están dentro y fuera sean diferentes.
El exilio, por su parte, tiene que preguntarse cómo transformar la frustración acumulada durante más de seis décadas en capacidad política. La frustración es comprensible; convertida en intolerancia, purismo ideológico o descalificación permanente, se vuelve estéril. Una cultura democrática no comienza el día después del autoritarismo. Tenemos que aprender a discrepar sin destruirnos, construir confianza, aceptar la pluralidad y sustituir la competencia por legitimidad individual por una arquitectura de cooperación.
Por eso pienso que una de las tareas fundamentales de esta etapa es pasar de una política esencialmente reactiva a una política de preparación. El colapso de determinadas capacidades del Estado cubano puede abrir oportunidades, pero también enormes peligros. Una transición no preparada puede producir vacío institucional, violencia, nuevas formas de autoritarismo o simplemente la recomposición del mismo poder bajo otro lenguaje.
A priori, ¿cuál es tu diagnóstico general del estado de las libertades, la democracia y los derechos humanos en el hemisferio? Además del régimen de la isla, ¿qué otros gobiernos autoritarios o con déficit de pluralismo de las Américas estarían en el foco de tu labor de monitoreo, documentación y denuncia como embajadora de FH?
Las Américas siguen siendo un continente con sociedades civiles extraordinariamente vivas y con democracias capaces de demostrar resiliencia, pero estamos asistiendo a un deterioro de algunas de las condiciones que hacen posible la democracia liberal. Freedom House registra en su evaluación más reciente retrocesos en 12 países de la región frente a mejoras en seis, y señala especialmente las restricciones crecientes del espacio cívico y las libertades de asociación y reunión. V-Dem, desde una metodología distinta, también identifica una tendencia de deterioro democrático en América Latina y el Caribe.
Me preocupa particularmente que la erosión democrática contemporánea rara vez comienza con la abolición formal de las elecciones. Con frecuencia ocurre desde dentro de instituciones que continúan llamándose democráticas a través de la concentración progresiva del poder ejecutivo, el debilitamiento de la independencia judicial, la captura o deslegitimación de instituciones electorales, el hostigamiento a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, la utilización política del aparato del Estado y la normalización de la idea de que determinados derechos pueden sacrificarse indefinidamente en nombre de una emergencia. Esta erosión incremental puede ser menos espectacular que un golpe de Estado tradicional, pero, precisamente por ello, resulta más difícil de identificar y detener.
En tanto evidente actor protagónico en ese tablero, y en un contexto en que muchos expertos han señalado un viraje de las potencias globales hacia sus tradicionales «zonas de influencias», ¿cómo evalúas la política actual de Estados Unidos hacia la región?
Después de décadas en las que América Latina ocupó una posición relativamente secundaria frente a otras prioridades globales, la actual administración ha vuelto a colocar la región en el centro de su política exterior. Ese retorno forma parte de una transformación más amplia del orden internacional. Estados Unidos observa la expansión económica y estratégica de China, la presencia rusa, la actuación de Irán y otros actores extrarregionales, y vuelve a pensar el hemisferio en términos de seguridad, cadenas de suministro, energía, migración, crimen transnacional y competencia geopolítica. La propia Casa Blanca ha recuperado explícitamente el lenguaje de la Doctrina Monroe al explicar parte de su política hemisférica.
Para Cuba, la administración estadounidense ha endurecido su política hacia el régimen combinando consideraciones de derechos humanos con argumentos de seguridad nacional y competencia estratégica. Desde la perspectiva de quienes defendemos una transición democrática en Cuba, que los derechos de los cubanos y la naturaleza autoritaria del régimen vuelvan a ocupar un lugar relevante en la política hemisférica estadounidense abre espacios importantes de interlocución y de exigencia de responsabilidades, y abre también espacio a una pregunta: ¿qué lugar ocuparán la democracia y los derechos humanos dentro de una política exterior cada vez más articulada alrededor de la seguridad y del interés nacional?
El desafío para Estados Unidos no consiste simplemente en recuperar influencia en su hemisferio, sino en definir qué clase de influencia quiere ejercer. Una política regional duradera no puede descansar exclusivamente en impedir que otras potencias ocupen espacios estratégicos. Tiene que ofrecer instituciones fuertes, sociedades abiertas, prosperidad, seguridad, Estado de derecho y ciudadanos capaces de decidir libremente quién los gobierna.
Quienes venimos de Cuba sabemos que la geopolítica importa. Rusia, China e Irán no son actores abstractos en la política exterior cubana, y las alianzas entre gobiernos autoritarios tienen consecuencias concretas. Pero también sabemos que un país no se democratiza simplemente porque cambie el equilibrio de poder que lo rodea.
Por eso me parece clave evitar una falsa disyuntiva entre realismo geopolítico y defensa de los valores democráticos. A largo plazo, las sociedades libres, con instituciones legítimas, economías abiertas y ciudadanos con derechos constituyen también una forma de estabilidad estratégica.
La entrada Carolina Barrero: «Los autoritarismos pueden sobrevivir durante mucho tiempo administrando el deterioro» aparece primero en El Estornudo.
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Author: Jesús Adonis Martínez
