Mercedes Pérez no recuerda cuándo fue la última vez que pudo comer tres veces al día. Desde hace por lo menos tres años solo desayuna y luego hace otra comida en el día, justo antes de que anochezca. Tiene 77 años y se jubiló como maestra hace casi 20 años. Reside en la ciudad de Placetas, capital de uno de los 13 municipios de la provincia de Villa Clara. Su pensión mensual es de unos tres mil 500 pesos cubanos (CUP). Tuvo dos hijos con el único hombre con quien estuvo casada; él falleció de un infarto hace más de ocho años. El mayor de sus hijos se mudó a La Habana. Apenas la visita dos o tres veces al año. El segundo lleva varado en México más de dos años, desde que se cerraron las fronteras con Estados Unidos. Sobrevive como migrante irregular, a merced de un lento y angustiante proceso de refugio.
La casa de Mercedes se ubica cerca de la Carretera Central, la arteria que atraviesa Cuba de extremo a extremo. Un sinuoso hilo de asfalto de mil 139 kilómetros que se construyó en las primeras décadas del siglo pasado. El vial parte en dos a la vieja ciudad del centro de la isla, bordeada por el río Zaza en su camino al mar. La vivienda —como la de sus vecinos— tiene un amplio portal que da a la calle, por donde la gente solía pasar constantemente para escapar del sol o la lluvia al recorrer las calles rectas y anchas que definen a Placetas. Ahora muchos de esos portales están enrejados como medida de protección debido a la creciente inseguridad en el país. En esa morada murieron sus padres. Ese hogar siempre fue su refugio, pero hoy siente que es una fina cáscara de mampostería, agujereada por la humedad, con techo de tejas sobre maderas que se le puede «caer encima en cualquier momento».
Sobre la meseta de la cocina ubicó una vieja hornilla de carbón con la que prepara la única comida caliente del día; sobre las cinco o seis de la tarde, desde que los apagones suelen ser interminables. «Siempre fuimos humildes, pero desayunábamos, almorzábamos y comíamos. Ahora…», intenta explicar, pero prefiere posar su mirada en la mesa vacía, y repasar en silencio la vieja casa. «Me paso el tiempo esperando: por la electricidad, por el pago de mi jubilación, por el dinerito que me puedan enviar mis hijos, por la conexión de Internet para hablar con ellos… No sé qué más esperar: ¿cambios…? Mis esperanzas las concentro en comprar comida, en poder sacar dinero del cajero automático, en que no suba el precio del carbón o del aceite…», dice a El Estornudo, mientras se prepara para salir a ver qué encuentra con unos dólares que recibió desde México.
Mercedes no recuerda tiempos peores. Dice que ni en el Período Especial «la cosa estuvo tan mala». Aquellos años fueron duros, pero aún tenía esperanza. «Ahora hay poco a qué aferrarse. Solo sobrevivimos el día a día», afirma.
Por su parte, la profesora cubana Natacha de la Torre Fariñas ha denunciado en redes sociales cómo fue retirada de la docencia en la Academia de San Alejandro, en La Habana, por sus posturas críticas sobre el gobierno y las condiciones laborales del país.
En una carta dirigida al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, la psicóloga expone que «en Cuba se trabaja con el impulso y la buena voluntad de aquellos a los que un día se llamó gusanos y hoy se han convertido en espléndidas mariposas. Somos collares de estrangulamiento para nuestras familias, que llevan sobre sí el peso de sus propios problemas y los nuestros. Es una extraña noción de sustentabilidad», e incide: «los trabajadores cubanos se ven privados del acceso a recursos elementales como el agua o la energía eléctrica, pero se les exige ir a trabajar en semejantes condiciones. Que resuelvan como puedan. Y si pueden, que acudan a las gentiles mariposas. La precariedad se apodera de las casas en Cuba. Yo… me niego a trabajar cuando no pude dormir, o cuando debí elegir entre quedarme sin poder abastecerme de agua o ir a San Alejandro. Pero no veo razón alguna para abandonar la docencia. Sí la veo para afirmar que Cuba necesita un cambio radical».
Dos días antes, la profesora compartía en su perfil de Facebook el testimonio de una joven madre cubana que asegura que solo puede asegurar una comida al día. «Si se hace almuerzo, no se come», se le escucha decir con uno de sus pequeños en brazos. «Estos niños y su mamá resisten. ¿Qué hay de creativo en su situación? Hay tristeza y penurias de un lado. Y del otro, maldad y abandono», subrayó De la Torre Fariñas.
«La pobreza y la precarización de la vida ha dejado de ser un fenómeno asociado a determinados grupos en situación de vulnerabilidad para convertirse en una condición más transversal de la sociedad cubana, donde sectores profesionales, jubilados, trabajadores estatales, familias diversas, reportan hoy estrategias similares de supervivencia que antes solo se asociaban a los sectores históricamente más pobres», explica a El Estornudo la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva del Observatorio Cuido60 sobre el envejecimiento, los cuidados y los derechos.
A juicio de la investigadora asociada de la Universidad Internacional de Florida, la actual crisis en Cuba es la peor en la historia del país, ya que tiene un carácter estructural y una negación concatenada de derechos, que demandan cambios profundos y una amplia participación de la sociedad civil para su resolución. Además, sostiene que, a diferencia de crisis anteriores, incluido el Período Especial, la situación actual implica múltiples procesos simultáneos como la debacle energética (agudizada por la política de la administración Trump), el derrumbe del poder adquisitivo, la pérdida de amortiguadores externos históricos, la precarización de los pilares internos que sostenían el modelo igualitarista cubano y la retirada del Estado cubano de la protección social, afectando gravemente a los sectores de la Salud, la Educación y la Asistencia Social.
«Ahora cada hogar asume individualmente responsabilidades que antes eran institucionales», señala la académica, quien avisa que en Cuba los grupos más vulnerables siguen siendo los adultos mayores que viven solos y dependen de las pensiones estatales; las mujeres que sostienen hogares monoparentales o enfrentan violencia de género; las familias sin acceso a divisas ni remesas; los migrantes internos y comunidades rurales aisladas, porque la crisis es muy desigual territorialmente, y las personas afrodescendientes, que son las más perjudicadas dentro de todos estos grupos.
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Según el Informe Cuba 2025, presentado a inicios de septiembre por la Red de Observatorios Independientes de Cuba, mientras el Estado cubano profundiza el control político y económico, reduce cada vez más la protección material y jurídica de los ciudadanos en la isla. El análisis concluye que la actual crisis no solo se deriva de factores económicos y externos, sino también de decisiones institucionales que priorizan la preservación de estructuras políticas y económicas de poder sobre las necesidades básicas de la población.
El documento —con nueve capítulos que incluyen los temas de alimentación, agua, energía, envejecimiento, violencia de género, economía, trabajo, protestas, elecciones y funcionamiento institucional— subraya que cada uno de esos aspectos refleja la «policrisis» estructural del país, sumido en el colapso, aunque se mantiene la concentración de poder, el mismo modelo de asignación de recursos y la represión contra toda manifestación de oposición e inconformidad.
La investigación —dirigida fundamentalmente a organismos internacionales y de derechos humanos, periodistas, estudiosos, organizaciones de cooperación y a la ciudadanía cubana— combina investigaciones y registros elaborados por distintas asociaciones y observatorios independientes como el Food Monitor Program; el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH); el Observatorio Cubano de Conflictos; el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana; el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos (Cuido60); el Observatorio de Género Alas Tensas; Yo Sí Te Creo en Cuba; la Asociación Sindical Independiente de Cuba; el Observatorio Legislativo de Cuba; Observadores de Derechos Electorales, y el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba.
De acuerdo con la propia fuente, el 89 por ciento de los hogares incluidos en la VIII Encuesta de Derechos Sociales del OCDH se encuentra en situación de pobreza extrema, aunque datos más recientes del 2026 apuntan a que ya el 94 por ciento de la población cubana vive en esas condiciones.
Además, el 68 por ciento de los cubanos que participaron en el IX Estudio sobre Derechos Sociales, realizado en julio 2026, declaró ingresos mensuales por debajo de los 20 mil CUP, alrededor de unos 30 USD, al tipo de cambio en el mercado informal. El 70 por ciento de los encuestados señaló los apagones como su principal problema, una cuestión que fue secundada por la crisis alimentaria (52 por ciento), el costo de la vida (45 por ciento), la salud pública (sanidad y medicinas; 34 por ciento), los salarios (27 por ciento), y la inseguridad y la violencia (24 por ciento). Además, ocho de cada diez, reconocieron haber dejado de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero o escasez de alimentos.
El valor de la canasta básica mensual de un hogar en la isla ronda los 96 mil CUP, de acuerdo con un reciente análisis del economista Javier Pérez Capdevila, publicado en la plataforma académica Horizonte Cubano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, een Estados Unidos.
«Ningún cubano puede vivir de su salario de acuerdo con el cálculo realizado: la canasta básica cuesta, al menos, 14 veces un salario medio [seis mil 930 CUP]. Y como dato adicional, vale agregar que casi ningún cubano (más del 95 por ciento) cuenta con tres dólares diarios, lo cual nos asemeja prácticamente a todos por debajo del umbral de pobreza, según publicaciones internacionales», subraya Pérez Capdevila, quien es Doctor en Ciencias Económicas y Miembro de Honor de la Academia de Ciencias de Cuba.
El Informe Cuba 2025 expone asimismo que el 71 por ciento de las personas consultadas tuvo que saltarse comidas por falta de recursos. En tanto, la Encuesta de Seguridad Alimentaria 2025 de Food Monitor Program (FMP)determinó que el 29.3 por ciento de sus encuestados come únicamente dos veces al día. En tal sentido los más afectados son los adultos mayores, que son más de 2.5 millones de personas en la isla.
Casi el 66 por ciento de los hogares incluidos en la medición del FMP enfrenta alguna forma de inseguridad hídrica. De ellos, el 38.9 por ciento recibe agua de manera intermitente cada dos días; el 24.7 por ciento, cada tres días o más, y el 2.29 por ciento no dispone de conexión a la red pública. A esta problemática se añade la falta de energía eléctrica, que agrava la capacidad de cocinar y conservar alimentos en un país donde más de la mitad de su población depende de la electricidad para elaborar alimentos, por lo que miles de familias han tenido que retomar la cocción con carbón o leña para poder alimentarse.
El documento señala, en resumen, que la contracción económica acumulada desde 2019 ronda el 10 por ciento, y recoge una caída del 53.4 por ciento de las actividades agrícolas, ganaderas y mineras durante los últimos cinco años.
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El director de Estrategia Política del OCDH, Yaxis Cires, subraya igualmente que la pobreza afecta hoy a la mayor parte de la población cubana, aunque tiene un mayor impacto en los adultos mayores y en los enfermos crónicos. Las enfermedades y la imposibilidad de trabajar empeoran significativamente la situación económica de estos grupos, explica a El Estornudo.
Cires apunta, además, que actualmente las remesas ya no tienen el impacto que antes tenían en los hogares de la isla. «Eso ha ido evolucionando», dice. «Siguen siendo importantes, pero la mayoría de la gente que recibe dinero también enfrenta situaciones de pobreza».
Según estudios del OCDH, el 30 por ciento de las familias cubanas ha recibido remesa en los últimos años, aunque no siempre en forma de dinero. «Algunas reciben efectivo, pero a otras les envían paquetes o cajas de comida, o les hacen una o dos recargas telefónicas al mes», puntualiza.
Por otra parte, refiere el ejecutivo que, en el más reciente informe de su organización, la mitad de los consultados dijo tener confianza o esperanza de que algo favorable le iba a suceder al pueblo cubano en los próximos meses.
«Quizás esa esperanza contenida se mantenga, pero a la vez la gente no confía», observa Cires. «Más del 80 por ciento de los encuestados no confía en el paquete de 176 medidas que recién aprobó el régimen para salir de la crisis. En cualquier caso, no hay ninguna variable económica, internacional o social que apunte a que haya un mejoramiento de la situación en el país en los próximos meses».
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Para el economista cubano Pedro Monreal, la recesión del país «no cabe en las previsiones». Dice esto tras observar el comportamiento económico del primer semestre de 2026, que «duplica» la contracción económica de 1993, considerado el peor año del Período Especial.
La proyección anual de decrecimiento del PIB cubano —tomando con cautela el estimado de caída durante el primer semestre de 2026— se ubica entre un 26 y 31 por ciento. Esos porcentajes superarían con creces la contracción de 14.9 por ciento que tuvo el país durante 1993. «También sería una contracción muy superior a las previsiones anuales de la CEPAL para 2026 (-10.3 por ciento)», ha señalado Monreal en El Estado como tal.
«La economía cubana ya arrastraba una crisis estructural con distorsiones internas —baja productividad, patrón distorsionado de inversiones, desequilibrios fiscales, red eléctrica precaria y reformas incompletas y fracasadas—, pero el agravamiento a corto plazo se explica sobre todo por el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses en 2026», abunda el economista, quien reconoce que el cerco energético de la administración Trump sobre la isla cortó el grueso del acceso a los combustibles que sostenían la generación eléctrica, transporte y distribución de alimentos; y a ello se suma el amplio grupo de entidades cubanas incluidas en la lista de sanciones estadounidense, así como las presiones secundarias que expulsaron del país en estos meses a hoteleras, aerolíneas y canales de pago.
«El efecto combinado derrumbó en meses al turismo, el combustible y las divisas de un país que ya registraba una tendencia de desaceleración económica desde 2016, con un punto de quiebre a terreno negativo en 2019. Ese choque externo de naturaleza geopolítica aceleró una crisis humanitaria que en varios aspectos es peor que la experimentada a principios de la década de 1990, particularmente en cuanto a servicios vitales, desigualdad y desesperanza», diagnostica el experto.
Al final de su análisis, Monreal hace notar que —aun cuando los resultados exactos del derrumbe del PIB cubano en el primer semestre no están estadísticamente confirmados— «[la] contracción ya se traduce en hambre, apagones, colapso sanitario y éxodo», e insiste en que se trata de «un deterioro que las sanciones estadounidenses de 2026 no crearon solas, pero sí dispararon al multiplicar las fallas internas de una economía estructuralmente frágil».
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La directora de la organización civil Justica 11J, Camila Rodríguez, considera que el deterioro profundo de las condiciones de vida en el país también está limitando las posibilidades de las personas para protegerse, reclamar o exigir respuestas al poder. «Cuando una familia pasa buena parte del día sin electricidad, tiene un acceso muy limitado a Internet y debe dedicar los pocos momentos en que dispone de esos recursos a resolver necesidades básicas, también disminuyen sus posibilidades de informarse, denunciar, organizarse o acompañar a otras personas. Durante años, el régimen ha entendido muy bien la importancia de controlar el espacio público y el acceso a la información. En el contexto actual, a ese control se suma una precariedad extrema que obliga a muchísimas personas a concentrar casi toda su energía en resolver la supervivencia cotidiana. Y creo que esa combinación es particularmente preocupante», advierte en declaraciones para El Estornudo.
Según la activista, su entidad documenta cada vez «más expresiones de inconformidad que nacen de situaciones muy cotidianas, y que, en muchos casos, terminan encontrándose con alguna forma de intimidación o represión».
Rodríguez también pone foco en el impacto de la policrisis actual al interior de las prisiones. «Todo el deterioro nacional entra también a las cárceles, de modo que allí puede observarse, de una manera mucho más cruda y condensada, lo que está sucediendo fuera. Esto es especialmente alarmante porque las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de dependencia absoluta del Estado: dependen de este para alimentarse, recibir medicamentos y atención médica, acceder al agua y mantener unas condiciones mínimas de vida», razona en su rol de directora del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
El Observatorio Cubano de Conflictos —cuyos datos fueron recogidos en el citado Informe Cuba 2025— documentó ese año 11 mil 268 protestas, denuncias y declaraciones críticas. En diciembre, se habrían constatado hasta mil 333 acciones cívicas. El año 2025 cerró con un incremento del 25 por ciento respecto a lo registrado en 2024. Entre los principales detonantes de las manifestaciones de inconformidad ciudadana estuvieron los apagones, la escasez de alimentos, la inflación y el deterioro acelerado de los servicios básicos en el país.
Asimismo, el reporte señala que durante 2025 se documentaron y verificaron 48 feminicidios, en los cuales se observó una sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes; en tanto, se concluyó que aún no existen en el país un marco legal integral y protocolos obligatorios de alerta inmediata ante desapariciones de mujeres y niñas. De cualquier manera, en el 54.2 por ciento de los casos verificados no se pudo determinar si existieron denuncias previas contra los agresores.
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Según el informe semestral sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba de Cubalex, organización legal para la defensa de los derechos humanos, el primer semestre de 2026 estuvo «marcado por el agravamiento de la crisis generalizada, un aumento histórico de la protesta social y la intensificación de la represión estatal en todo el país».
En resumen, se registraron mil 894 eventos violatorios; es decir, más de diez violaciones por día (frente a siete registradas durante el último semestre de 2025). «La represión alcanzó a 919 personas (204 mujeres y 715 hombres), afectando a la sociedad civil independiente (58 por ciento) y extendiéndose a ciudadanos sin afiliación política (42 por ciento), duplicándose las víctimas entre manifestantes, religiosos, trabajadores informales y reclutas», señala el estudio.
Cubalex documentó 766 protestas ciudadanas, impulsadas por la crisis energética, hídrica y sanitaria. Esas manifestaciones alcanzaron cifras récord: se registraron en 141 municipios de las 15 provincias e Isla de la Juventud. La Habana (662 eventos violatorios), Santiago de Cuba (169) y Camagüey (161) lideraron las incidencias.
La organización refiere que, entre las 65 categorías de abusos documentadas, destacaron violaciones contra personas privadas de libertad (762), traslados (318), amenazas y coacción (313), vigilancia (287) y detenciones arbitrarias (257). Además, surgieron nuevos mecanismos como la institucionalización del control migratorio y los juicios en ausencia contra la diáspora.
De igual modo, se reportó una escalada letal bajo custodia, ya que se registraron 39 eventos de muertes potencialmente ilícitas, con un saldo de 42 víctimas mortales —un incremento del 56 por ciento respecto al semestre anterior—, lo que confirma, según Cubalex, la severa degradación de las condiciones bajo custodia estatal y la impunidad sistémica.
«Otro elemento diferente a crisis anteriores, dado por ese deterioro material, es la activación de la agencia ciudadana, ya que hay clara evidencia de que las protestas, denuncias y otras acciones de inconformidad aumentaron significativamente en 2025. Esto es un indicador clave, porque ya la crisis no solo se procesa puertas adentro. El malestar se ha vuelto público y sostenido, por lo que la agencia de la sociedad cubana está cambiando y desafía cada vez más al poder», reflexiona la socióloga Elaine Acosta, quien no ve para los cubanos señales de estabilización o mejoras antes de que acabe 2026.
A su entender, habrá una profundización de la actual crisis humanitaria debido a la obstinación del gobierno cubano en no generar cambios significativos para democratizar la sociedad y producir mayor bienestar. «Es probable que se intensifiquen las medidas de presión de Estados Unidos, y permanezcan los apagones», vislumbra la investigadora. «Y esto lleve a un nuevo pico de protestas y a un aumento de la emigración, aunque no de forma masiva como en años anteriores, porque muchas vías migratorias hoy están cerradas [en Estados Unidos]. De mantenerse estas tendencias, sí habría un deterioro acumulativo que dejará a más hogares por debajo del umbral de la subsistencia digna».Sin embargo, Acosta consigue ver un horizonte prometedor: «Por más precario, incierto y demoledor que sea el escenario presente, aún puede haber esperanza si los cubanos y cubanas, tanto de afuera como de adentro, nos articulamos para seguir produciendo evidencias y haciendo incidencia internacional sobre lo que está sucediendo», afirma la académica. «A pesar de que el escenario es incierto, hay que mantener la esperanza de que seremos capaces de dotarnos de una sociedad libre, democrática y próspera como la que estamos necesitando».
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Author: Katia Monteagudo
